El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) vuelve a ser tema de la agenda en la carrera por la Presidencia, todo por la propuesta del candidato Germán Vargas Lleras, quien se lanzó a decir que lo “liquidará” y creará una nueva entidad que hará parte de la Dirección Nacional de la Policía.
Este debate revivió tras la fuga de Olmedo Vargas Padilla y Jhon Gutiérrez Rincón, quienes, al parecer, consumieron licor con un guardián, lo que les sirvió para saltar una pared y escapar. La investigación apenas empieza, según anunció en Inpec, para esclarecer cómo se fraguó la fuga de los exmiembros de las Farc, quienes estaban condenados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Por estos hechos, la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá abrió indagación para la fuga de ambos internos.
Este no fue el único caso que dejó en evidencia los problemas de la vigilancia penitenciaria. El pasado domingo, en la cárcel de Bellavista, en Medellín, sucedió algo similar, el interno José Edilberto Muñoz Echavarría, quien estaba destinado a cuidar la granja, se fugó y simplemente dejó una carta en la en la que decía: “se me viene un proceso ensima (SIC) de más de veinte años, lo siento mucho. Gracias por todo señores dragoneantes. Les suplico me perdonen. Fueron buenos conmigo”.
La crisis de la institución, señalan expertos y el mismo Vargas Lleras -que tuvo que lidiar con el problema cuando fue ministro Interior y Justicia y planteó la necesidad de privatizar el servicio de guardia- se debe a que es una entidad inviable y con “graves dificultades” que requieren una solución definitiva, pues el hacinamiento de las cárceles del país es de alrededor del 75 %, según el propio Inpec.
“Es absolutamente imposible tener al interior del Estado una entidad con más de 70 sindicatos armados, eso es insostenible, ninguna otra entidad tiene tantos sindicatos activos. Son más de 1.200 guardianes con fuero sindical”, esos son sus argumentos.
No obstante, dos sindicatos consultados por este diario aseguraron que han hecho propuestas ante el Gobierno Nacional para controlar los permisos sindicales, pero no han sido escuchados.
Desde los candidatos
El dragoneante Felipe Quimbayo, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup), recuerda el paso de Vargas Lleras por el Minjusticia y dice que ahora “revive el fantasma de la privatización” y cuestionó la propuesta del candidato. A su juicio, lo que se debería liquidar es la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios (Uspec), pues consideró que allí es donde se ven los focos de corrupción.
“La Uspec es el cáncer. Digo esto porque, en una cárcel como Pedregal, por ejemplo, existió una fuga de siete presos por falta de falta de guardia e infraestructura cuando comenzó su operación”, criticó Quimbayo.
Entretanto, Horacio Bustamante, presidente de la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos (UTP Colombia), coincide con Quimbayo en que “la olla podrida es el Uspec”, pero a esta unidad no le ponen cuidado. Además, Bustamante va más allá y, aunque reconoce las dificultades, también deja claro que “hay entidades con problemas más graves de corrupción, como la Policía”.
La Contraloría también puso el dedo en la llaga y reveló que existen 78 sindicatos, con 31.397 días de permisos al año, según una auditoría de 2017, lo que afecta la seguridad de los establecimientos. “Los permisos beneficiaron a personal vinculado a los 78 sindicatos de la entidad, que se encuentran constituidos en su mayoría (85 %) por personal del cuerpo de custodia y vigilancia”, señaló la Contraloría.
Juan David Posada, coordinador del Área Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, manifestó que la liquidación es una “propuesta populista” que no soluciona la verdadera crisis de este sector y que, por el contrario, lo único que se hará es cambiar la imagen, logotipos y demás, lo que acarreraría nueva y mayor contratación, pero que no soluciona nada. “Serán los mismos funcionarios, pero en una entidad con diferente nombre”.
La política criminal, dicen los consultados, también debe ser revisada, pues hay más presos y menos guardianes. Para Jorge Carmona, defensor de Derechos Humanos de los internos en Antioquia, acabar el Inpec no es la solución, sino que debe concentrarse en una política dirigida a la resocialización y a la dignificación de los internos y los guardianes.
Otro mensaje que envían es que el candidato Vargas Lleras propone pasar el Inpec a la Policía, pero ignora que la Dirección General del Instituto fue asumida por esta institución desde 2010.
