El gobierno venezolano le está saliendo al paso a las denuncias por la violación de derechos humanos de colombianos en la frontera. El concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la crisis fronteriza fue tachada por el gobierno de Nicolás Maduro como “inmoral” y “difamatoria”. Para demostrar que no hay una persecución contra colombianos, los gobernadores de la frontera aceptaron el ingreso y el registro de los deportados.
“Burócratas de la Cidh que se dedican a falsear la verdad sobre Venezuela, no tienen competencia ni moral alguna para opinar”, sentenció la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien se refería a los cinco expertos del organismo que visitaron la frontera desde el 10 hasta el 12 de septiembre, constatando el desplazamiento masivo de colombianos a través del río Táchira.
El informe de la Cidh señala que se recibió “preocupante información sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones (...), la cual indica que a estas personas se les violaron múltiples derechos humanos y que fueron sujetas a expulsiones colectivas”. La entidad pudo validar con Naciones Unidas que desde el 21 de agosto hasta el 9 de septiembre 1.482 colombianos fueron deportados, mientras que 19.520 retornaron voluntariamente.
Este informe ha hecho eco en la Asamblea de la ONU. Por eso fue, quizás, que el presidente Nicolás Maduro se comprometió a permitir el retorno de colombianos deportados.
Al gobernador de Táchira, José Vielma Mora, ya no se le ve custodiando la frontera con militares. Ahora se habla de una misión humanitaria para registrar a los colombianos que viven en Venezuela. De hecho, la gobernación de Táchira emitió un comunicado ayer señalando que cerca de “70.000 colombianos han sido censados. Este censo permitirá la organización de nuestros hermanos colombianos en una sola fuerza para respaldar las políticas de inclusión social que nos legó el comandante Hugo Chávez”.
Esta nueva posición ha sido criticada desde diferentes sectores políticos. El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, dijo que con este discurso Maduro está aceptando que los deportados no son “ni paramilitares, ni narcotraficantes ni grandes contrabandistas”.
De otro lado, María Corina Machado expresó su inconformidad con la posición “blanda” de la Unasur en este nuevo plan de retorno para deportados. “¿A qué casas retornarán cientos de estos ciudadanos deportados y desplazados? ¿Usted sabe lo que significó la “R” en sus paredes señor (Ernesto) Samper?”.