La ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, anunció este miércoles que el Gobierno Nacional ya firmó un decreto con el cual se le da vía libre a las EPS para que puedan prestar servicios de salud en los diferentes penales del país.
En rueda de prensa explicó que con esto se busca dar una solución a la crisis en la atención de los reclusos: "Se diseñó un decreto para liberar la contratación de los servicios de salud en los centros de reclusión y que determina un aumento en el valor de la Unidad por Capitación (UPC), como quiera que la que se viene pagando resulta insuficiente. Y se han adelantado las contrataciones para la rehabilitación de las unidades de sanidad de algunos establecimientos".
La jefe de la cartera explicó que las EPS deberán prestar el servicio no solo en los 142 penales a cargo del Inpec sino también en los municipiales y departamentales.
Sobre las condiciones físicas de las unidades de salud precisó que se harán las adecuaciones requeridas. "Hace varios meses empezamos a estudiar el tema y abrimos un proceso licitatorio para rehabilitar 34 unidades de sanidad con un valor de 3.000 millones de pesos, contratos que fueron celebrados entre el 12 y el 14 de diciembre de este año", comentó.
La contratación de las EPS comenzará en cuatro meses.
Correa confirmó el desarrollo de los planes para la construcción de megacárceles en Cauca, Atlántico, Santander y el Eje Cafetero.