Pese a la incomodidad que generaron los señalamientos al Ministro de Transporte por contratos que comprometen a su familia con el Estado, el mandatario no aceptó la dimisión de Miguel Peñaloza por considerarla inconveniente en este momento.
En una falta ética podría constituirse la situación que hoy tiene contra la espada y la pared al ministro de Transporte por cuenta de la empresa familiar de acompañamiento jurídico en pleitos que contrata con el Estado.
Las denuncias de Daniel Coronell sostienen que la empresa PYG maneja más de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades públicas como el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, los Seguros Sociales, Invías, Findeter, el Fondo Nacional del Ahorro y el Sena. Contratos que fueron otorgados mientras Peñaloza se desempeñó como consejero presidencial del ex presidente Álvaro Uribe y de los primeros años de Juan Manuel Santos e incluso mientras ejerce como Ministro.
Sin embargo, Peñaloza sostuvo que antes de posesionarse como consejero del expresidente Uribe se realizó una consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre una posible inhabilidad, a lo que la entidad señaló que la única inhabilidad que tenía la empresa de su esposa e hijos era a suscribir contratos con el Departamento Administrativo de Presidencia.
El funcionario aseguró que en todo momento ha estado al margen de los negocios de la empresa. 'La ética es un compromiso de cada quien y yo lo tengo completo. No hay un funcionario que pueda decir que le he llamado a pedirle una ayuda en esto'.
Peñaloza agregó que desde el momento en que fue designado como ministro de Transporte la empresa se su esposa renunció a un contrato de acompañamiento judicial que tenía con el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Sin embargo, el artículo 127 de la Constitución Política señala que 'los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos públicos'.
Para el abogado laboral, Ignacio Cantillo, aunque en principio se podría hablar de una inhabilidad, para tomar una decisión al respecto hay que analizar cada contrato en particular. 'El asunto hay que mirarlo a la luz de cada situación en particular y con los elementos probatorios que cada contrato amerita. Por eso, está investigando la Procuraduría, que es en últimas quien determina si se dan o no las inhabilidades que hoy se alegan'.
Aunque, por el momento, no existe una inhabilidad legal para que Peñaloza continúe en el cargo, esta situación podría considerarse como una falta ética y estaría en manos de la Procuraduría y el presidente Santos determinar la continuidad del funcionario en la cartera de Transporte, pese a que desde el gobierno de Uribe conocían los negocios familiares del Ministro.