Víctimas de las refriegas esperan necropsias para su cristiana sepultura.
A Mauricio Largo Campo se le recordará entre los indígenas porque era tan feliz y buena gente, que incluso después de morir por un balazo en la espalda no dejaba de sonreír.
Extendido su cuerpo sobre unas tablas (foto), sus amigos indígenas y campesinos de Caloto, Cauca, lo velaron la madrugada de ayer con cuatro velitas, de esas de 200 pesos, y dos hortensias, una puesta sobre su pecho atravesado por el disparo y la otra encima de sus rodillas dormidas.
Hasta Huassanó, un poblado de 10 casas donde las Farc pintaron sus muros con sus consignas, llegó en la mañana del jueves para sumarse al llamado de las organizaciones campesinas para sacar al Ejército "de una finca que es propiedad privada".
Partió de la vereda Venadillo, del corregimiento del Palo, junto con dos amigos y allí dejó para siempre a su hija de 7 años y a su esposa. En la tarde de ese 19 de julio se metió en una batalla campal contra el Smad y el Ejército y en hechos confusos, que son investigados por la Fiscalía, recibió un disparo que lo tiró de bruces.
En cuclillas sobre la hierba y atrapado por el humo de los gases lacrimógenos dejó de respirar este indígena, reconocido entre los habitantes de su vereda por su sonrisa.
*Martha, *Libia y *Gabriel, sus hermanas y un amigo, lo cuentan así, quienes vinieron hasta Huassanó a limpiarle la cara para que nadie dude que hasta muerto era feliz y buena gente. Y para decirles a todos lo que preguntan por la suerte que corrió, que "nunca fue guerrillero de las Farc, solo hacía parte de una acción comunal y siempre se opuso a los atropellos a los campesinos".
Como un virus, la decisión de indígenas y campesinos de tomarse sus territorios, se esparció por el norte del Cauca. Bloqueada la vía en Huassanó, entre Caloto y Corinto, la Fuerza Pública llegó y dispersó la protesta. En la refriega hubo intercambio de disparos.
El coronel Ricardo Alarcón, comandante de la Policía del Cauca, aseguró que se investigará si sus hombres incurrieron en alguna falla y expresó que "la situación sigue siendo muy tensa en la zona".
Una decena de heridos, un muerto, vainillas de balas en el piso, residuos de gases y de granadas de aturdimiento en la montaña dejaron cinco horas de protesta.
Pero ni Carlos Alberto Rivera, uno de los líderes de la protesta, ni las 200 personas que siguen en la vía se moverán "hasta que el Ejército salga de la finca. A nosotros nos echan la culpa porque aquí pasa las Farc. Ellos no tienen un campamento ahí, ellos solo pasan, pero ahora el Ejército se quiere quedar y eso nos perjudica a todos los labriegos".
A las 4 de la tarde del 20 de Julio, la familia de Mauricio Largo Campo seguía a la espera de que la Fiscalía, Medicina Legal o la Policía Judicial le hiciera la inspección a su cadáver, pero los peritos no se asomaron.
Esa misma suerte corrió en Caldono, Fabián Cuetía, de 22 años, quien recibió un disparo el miércoles, según sus familiares, por parte del Ejército.
A la espera del castigo
En Toribío, cerca de Huassanó, en otra jornada de protesta de los 19 cabildos indígenas de los nueve municipios del norte del Cauca, cuatro presuntos guerrilleros aguardan los juetazos, el cepo o el destierro.
Antes deben pasar por el remedio espiritual que "los sabios" les proporcionarán contra espíritus malignos.
Esos espíritus malos que, según los indígenas, los poseyeron para que se involucraran en uno "de los grupos armados".
Para definir cuál será el castigo que padecerán los detenidos en Toribío, mientras disparaban a la Policía, los cabildos crearon una comisión de sabios y juristas, que a más tardar el domingo dará su veredicto.
Por ahora, Feliciano Valencia, consejero mayor del Consejo Regional del Cauca (Cric), sabe que "ninguno será entregado a las autoridades y que se les hará un juicio bajo nuestras leyes porque nos afectaron a nosotros y a nuestro territorio".
Según la tradición Nasa, dependiendo de la gravedad de las faltas, se sabrá cuál es el "remedio". Por ahora se conoce que fueron detenidos con dos fusiles, tatucos, explosivos, una motocicleta y una camioneta.
A los dos indígenas capturados, uno de ellos menor de edad, y los otros dos milicianos, se les podría hacer un consejo de sabios donde se les recriminará sus faltas. También podrían ser jueteados con látigos, previa explicación de la necesidad de sentir dolor para sanar.
En el peor de los casos irían al cepo de manera pública o serían desterrados para siempre. El país espera la decisión de los cabildos y de su vehemencia para rechazar y expulsar a la guerrilla. La Policía presume que uno de esos supuestos milicianos es un cabecilla de Toribío responsable de homicidios y de múltiples ataques. La crisis del Cauca cumple 15 días y en la región no quieren más muertos y más destrucción.
ANÁLISIS
La batalla del Cauca reta al Gobierno
Analista Darío Acevedo
Profesor Asociado Universidad Nacional
Cuando escribí hace un año un artículo con este mismo título y en el que consideré que "El Gobierno Nacional está en mora de asumir con todas las consecuencias la declaratoria del estado de excepción en el Cauca", nunca imaginé, no obstante haber calificado la situación de aquel entonces como de suma importancia para el desenlace del conflicto armado, que tuviera el tipo de desarrollo que estamos presenciando. Un movimiento indígena indignado hasta la saciedad con ser el blanco de la guerra que sin entrar en distinciones pretende sacar del área a los "actores armados" y que en consecuencia así procede llegando a acciones contra los soldados del Ejército tipo linchamiento, maltrato a la dignidad de las tropas manifestada en insultos y escupitajos. No hay evidencia de que así fueron tratados los guerrilleros, ya que estos, obedientes, se retiraron a la montaña.
Al margen de la justa indignación de los pueblos indígenas, los hechos nos ponen ante la siguiente situación: al tratar de la misma forma a las guerrillas y a la Fuerza Pública han borrado varias distinciones necesarias como que las primeras están por fuera de la legalidad, apelan a métodos terroristas, atacan e infiltran a las comunidades, mientras la segunda actúa en cumplimiento de un mandato constitucional. Los primeros no se atienen al DIH, entre tanto los soldados deben observar (y a fe que lo hicieron con hombría y sensatez ante las humillaciones de los grupos indígenas) con rigor tales prescripciones y normas de guerra so pena de verse sometidos a juicios penales. Eso de llamar actores armados a guerrilla y soldados es de por sí una humillación.
(...) Si lo que sigue es el abandono de los territorios del Cauca por la tropa oficial, es decir, si triunfa la tesis u objetivo indígena lo que se habrá generado es una zona franca y de despeje de hecho, a la que las guerrillas, ausentadas en principio, no dudarán en volver a transitar sin necesidad de operar militarmente puesto que su enemigo habrá salido. Harán presencia de autoridad, utilizarán para el tráfico de armas, de narcóticos y de sus hombres.
El resultado en esta opción indeseable, es que las guerrillas salen triunfantes, con un área estratégica bajo su dominio que no dudarán en presentar como territorio bajo su control. Con un peligro adicional, el ejemplo cundirá en otras zonas donde las guerrillas, con su poder de intimidación y con el control del narcotráfico que genera sostén a miles de campesinos, los movilizará a las áreas urbanas para exigir lo mismo: el retiro, (en principio de todos los actores armados) pero en realidad de la Fuerza Pública.
Lo que se devela, entonces, muy a pesar de voces de intelectuales despistados y de calanchines de las guerrillas incrustados en los medios y en la sociedad civil, no es que el telón de fondo es la demanda de justicia ante una deuda histórica con los nativos, contraída desde la época colonial, y que los colombianos no indígenas estamos obligados a pagar, sino una estrategia muy fina de las guerrillas que, apuntaladas en el Gran Macizo Colombiano, tratan de utilizar en su favor, situaciones de precariedad de la población para presionar al estado, no a que resuelva esas reivindicaciones, sino a que retire sus tropas.
(...) La disyuntiva para el Estado no es sencilla ni fácil. El presidente y el ministro de Defensa han asumido una posición de firmeza y no se moverán las tropas. Sin embargo, ante la una factible radicalización de los indígenas, o sea una arreciada de sus humillaciones a la tropa, no sabemos cómo vaya a proceder el Ejecutivo y a reaccionar la misma tropa. Es urgente evitar que un sentimiento de impotencia y de abandono de la población civil se apodere del Ejército Nacional por cuanto las consecuencias podrían ser desastrosas e incluso podrían conllevar a la pérdida de las posiciones ganadas en años anteriores. Por lo mismo, y a pesar de las discrepancias o reservas que muchos podamos tener frente a la política del presidente Santos sobre el tema de seguridad, es preciso que todos los colombianos, opositores incluidos, manifestemos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la Fuerza Pública y la decisión del presidente de no sacarla de los territorios caucanos.
SOLUCIÓN
REFUERZO MILITAR Y EL PLAN CAUCA
Para enfrentar la situación en Cauca el Gobierno anunció una inversión de 500 mil millones de pesos y en plano militar, se creó el Comando Conjunto del Suroccidente, para operar en Valle, Cauca y Nariño.
PROBLEMA
CAUCA, EPICENTRO DEL CONFLICTO
Una escalada de ataques de la guerrilla y protestas violentas de las comunidades indígenas mantienen en crisis al Cauca. Las disputas dejan muertos, heridos y unos 2.800 desplazados.
¿QUÉ SIGUE?
"SÍ, HAY ZONAS DIFÍCILES": SANTOS
Desde la isla de San Andrés, el presidente Juan Manuel Santos admitió ayer en un discurso del Día de la Independencia que hay regiones críticas en el país para mantener el orden público. "Sí, hay zonas difíciles, pero ahí están nuestras fuerzas, imponiendo el orden, imponiendo la autoridad y seguirán perseverando", señaló el mandatario.