Para hacer prevalecer el derecho colectivo sobre el individual, los jueces fallaron 22 tutelas a favor del Metro de Medellín, las cuales habían sido interpuestas por algunos transportadores y propietarios de buses, que consideraban que la puesta en operación de la Línea 1 de Buses del Metroplús atentaba contra el debido proceso.
Los demandantes argumentaban que la operación de dicha línea debía iniciarse al mismo tiempo con los servicios de alimentación y cuando se diera una reestructuración del transporte público colectivo. Además porque, según ellos, dicha operación también atentaba contra el derecho al mínimo vital, ya que se presentarían "recorridos superpuestos" entre los buses y los vehículos de servicio público colectivo que ellos estaban operando y eso afectaba sus ingresos económicos y, a su vez, el derecho al trabajo.
Las tutelas fueron interpuestas los días previos al 22 de diciembre, día en que se inició la operación de la Línea 1, entre la Universidad de Medellín y Aranjuez. Las acciones jurídicas también iban dirigidas contra el Municipio de Medellín, Metroplús S.A y el Área Metropolitana.
Derecho colectivo
En su defensa, el Metro argumentó que frente al inicio de la operación de la Línea 1 de Buses se debía considerar que la movilidad ya no se podía pensar como un derecho individual y adquirido por los operadores de las empresas transportadoras sino como un derecho colectivo y, como tal, prevalece el interés general sobre el particular.
"El fin perseguido consiste en asegurar que todos los ciudadanos tengan a su alcance una posibilidad real de movilidad y lo que se estaba persiguiendo con esta nueva línea de transporte era generar mayor calidad de vida en los habitantes del territorio y una asunción de responsabilidad social y ambiental con las generaciones actuales y futuras de la comunidad antioqueña", explicó el Metro.
Los jueces consideraron que no se atentó contra ningún derecho fundamental. De todas formas, a los actores del transporte se les abrió la posibilidad de participar en el proceso de licitación para la concesión de la operación de los servicios alimentadores al SIT-VA (Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá) de las cuencas 3 y 6.
Jorge Humberto Calle, director Jurídico de le empresa Metro, explicó que las tutelas fueron falladas en primera instancia a fines del año pasado y principios de 2012, pero fueron apeladas y en estos días de nuevo fueron ratificadas en favor del Metro.
Comentó que "los fallos reconocen que el transporte es un servicio frente al cual no pueden alegarse derechos adquiridos en su prestación. En el evento en que se determine que están las condiciones dadas para que ese sistema tradicional sea reemplazado por sistemas de transporte masivos, las autoridades tienen la competencia para hacer esa modificación e implementar los sistemas que reúnan las condiciones de calidad y seguridad que permitan la integración a otros sistemas y que la gente acceda a un buen servicio".
Añadió que la licitación abierta para las cuencas 3 y 6 está hecha para que los transportadores de la ciudad participen y ganen, porque tienen el mayor chance de ser favorecidos, pues en los puntos de calificación de las propuestas se favorece a las que involucren transportadores de la zona de influencia de dichas cuencas, que son las de la línea 1 de buses.
Sector transportador
Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá, Asotransvaa, afirmó que pese a las tutelas, "el Metroplús está usurpando unos terrenos que por ley son para los transportadores de la región".
Añadió que con las condiciones que exigen los pliegos de la licitación, ellos no podrán competir porque exigen una gran inversión de dinero que difícilmente tienen.
Ellos, explicó, tendrían que pagar 491 carros -95 los paga el Fondo de Racionalización- a 80 o 90 millones de pesos por un valor aproximado de 45 mil o 50 mil millones pesos, además de tener que comprar 272 buses a gas a un costo de 280 millones de pesos, según han cotizado, lo que hará prácticamente imposible que ellos lo puedan hacer.
"Son unas exigencias altas, creemos que con menos dinero y una estructuración diferente a la que están proponiendo hoy, se puede suplir la necesidad de prestar el servicio", concluyó Merino.
Hasta el 6 de julio próximo la Empresa de Transporte recibirá observaciones y la fecha límite para la entrega de ofertas es el 17 de ese mismo mes.